Abogado Derecho Penal Económico en Marbella|Delito fiscal y Blanqueo de capitales

Los procedimientos por delitos económicos, delito fiscal y blanqueo de capitales se encuentran entre los asuntos de mayor complejidad técnica del Derecho Penal. Su defensa exige intervenir desde las primeras diligencias de investigación y analizar no solo la dimensión estrictamente penal del asunto, sino también la documentación fiscal, contable, bancaria, societaria y patrimonial sobre la que habitualmente se construye la acusación.

BUFETE CAPEL, despacho de abogados penalistas con sede en Marbella, desarrolla una parte muy importante de su práctica profesional en el ámbito del Derecho Penal Económico, asumiendo la defensa de investigados y acusados en causas de elevada complejidad.

Mauricio Capel Tuñón, abogado penalista y socio fundador del despacho, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, formación  de Experto en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Alcalá y experiencia profesional previa en el sector bancario y financiero, desarrollada en Unicaja Banco y Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa.

Esta combinación de experiencia jurídica, financiera y contable permite abordar eficazmente procedimientos en los que resulta imprecindible analizar operaciones bancarias, movimientos patrimoniales, estructuras societarias, contabilidad empresarial, declaraciones tributarias, inversiones y documentación económica y financiera.

Defensa penal en delitos económicos

BUFETE CAPEL interviene en procedimientos relacionados, entre otros, con:

• Delitos contra la Hacienda Pública o delito fiscal.

• Blanqueo de capitales.

• Estafa y fraude.

• Apropiación indebida.

• Administración desleal.

• Delitos societarios.

• Fraudes a inversores.

• Insolvencias punibles y alzamiento de bienes.

• Fraudes de subvenciones

• Delitos contra la Seguridad Social

En este tipo de procedimientos resulta esencial delimitar con precisión qué hechos presentan verdadera relevancia penal y cuáles pertenecen en exclusiva al ámbito tributario, mercantil o civil, evitando con ello que controversias de naturaleza extrapenal puedan ser trasladadas al proceso penal de forma indebida.

Abogado para delito fiscal en Marbella

Los procedimientos por delito fiscal o delito contra la Hacienda Pública presentan una especial complejidad porque la determinación de la eventual responsabilidad penal depende, en gran medida, del análisis previo de la relación tributaria y de la correcta determinación de la cuota presuntamente defraudada.

La existencia de una liquidación tributaria o de un informe de la Agencia Tributaria no determina por sí sola la existencia de responsabilidad penal.

La defensa debe examinar con rigor, entre otras cuestiones, la determinación de la supuesta cuota defraudada, el método utilizado para su cálculo, los períodos impositivos investigados, la documentación contable y fiscal, la posible prescripción y, especialmente, la concurrencia del elemento subjetivo exigido por el tipo penal.

La existencia de una deuda tributaria, incluso cuando supera el umbral cuantitativo legalmente establecido, no determina por si sola la comisión de un delito contra la Hacienda Pública. La responsabilidad penal exige acreditar los elementos objetivos del delito y, particularmente, la existencia del dolo exigido por el tipo penal.

Resulta por esta razón especialmente importante analizar y, -cuando proceda-, cuestionar técnicamente los informes elaborados por la Agencia Tributaria y las periciales económicas o contables incorporadas al procedimiento.

La defensa de un procedimiento por delito fiscal exige integrar el análisis penal con el tributario, contable y financiero, reconstruyendo la realidad económica de todas las operaciones investigadas y comprobando si la hipótesis sostenida por la acusación cuenta con soporte o respaldo en la  documentación de la causa.

Abogado para blanqueo de capitales en Marbella

Los procedimientos por blanqueo de capitales suelen sustentarse en investigaciones patrimoniales de gran complejidad que, con frecuencia,  comprenden movimientos bancarios nacionales e internacionales de fondos, adquisición de bienes inmuebles, estructuras empresariales o societarias offshore, operaciones con criptoactivos y monedas digitales, utilización de efectivo y relaciones económicas o patrimoniales entre distintas personas, sociedades y entidades.

La existencia de movimientos patrimoniales relevantes o de una determinada estructura societaria no permite, por sí sola, afirmar la existencia de blanqueo de capitales.

La defensa exige analizar de forma individual las operaciones investigadas, determinar el origen de los fondos y examinar críticamente la inferencia mediante la cual la acusación pretende relacionar determinados bienes, activos u operaciones con una actividad delictiva precedente.

Resulta esencial determinar si existe una actividad delictiva precedente de la que procedan los bienes y si puede acreditarse, con las exigencias propias del proceso penal, el conocimiento de su origen ilícito, sin convertir meras irregularidades, relaciones económicas, operaciones societarias o incrementos patrimoniales en prueba automática de blanqueo.

Especial atención requieren los procedimientos en los que la acusación se fundamenta esencialmente en prueba indiciaria, pues la solidez de los hechos base y la racionalidad de la inferencia constituyen elementos esenciales para determinar si existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

La reconstrucción documental del patrimonio, el seguimiento del origen y destino de los fondos y el análisis cronológico de las operaciones pueden resultar esenciales para contrastar la hipótesis acusatoria y ofrecer una explicación alternativa compatible con la documentación económica y financiera incorporada a la causa.

Una defensa construida desde la fase de investigación

En Derecho Penal Económico, la estrategia procesal debe diseñarse desde el comienzo del procedimiento.

Las primeras decisiones pueden condicionar decisivamente su evolución: la declaración del investigado, la documentación que se aporta, la solicitud de diligencias, la impugnación de informes periciales o la forma de afrontar una investigación patrimonial pueden resultar determinantes.

Por ello, antes de prestar declaración es esencial conocer las actuaciones, identificar con precisión la hipótesis de la acusación y determinar qué documentación debe —o no debe— incorporarse al procedimiento.

No siempre aportar más documentación implica mejorar la posición defensiva. La documentación debe ser previamente analizada y su aportación responder a una estrategia procesal coherente con el conjunto de las actuaciones.

La defensa debe orientarse desde ese momento a contrastar la tesis acusatoria, detectar sus posibles debilidades y construir una explicación alternativa jurídicamente sólida y respaldada por la documentación disponible.

Análisis de la prueba económica, bancaria y financiera

En los procedimientos de Derecho Penal Económico, el volumen y la complejidad de la documentación puede ser extraordinariamente elevados.

La defensa puede exigir el estudio conjunto de:

• Informes de la Agencia Tributaria.

• Informes policiales, económicos y patrimoniales.

• Extractos y movimientos bancarios.

• Contabilidad empresarial.

• Declaraciones tributarias.

• Contratos y documentación mercantil.

• Operaciones y estructuras societarias.

• Transferencias nacionales e internacionales.

• Informes periciales económicos y contables.

• Adquisiciones y transmisiones patrimoniales.

• Operaciones financieras y de inversión.

• Documentación relativa a criptoactivos y otros activos digitales.

El análisis aislado de una determinada operación puede ofrecer una imagen incompleta de su verdadera naturaleza económica. Con frecuencia es necesario reconstruir en el tiempo todas las operaciones, identificar su causa y relacionarlas, además, con la restante documentación bancaria, contable, contractual y societaria.

No basta, en suma, con conocer el Derecho Penal. Es necesario analizar y reconstruir documentalmente las operaciónes económicas investigadas para poder presentar una defensa eficaz frente a las conclusiones de la acusación.

Estrategia procesal y garantías de defensa

La defensa penal no consiste únicamente en discutir la calificación jurídica de los hechos. También exige controlar rigurosamente la legalidad de la investigación y la obtención e incorporación de la prueba al acervo probatorio de la causa.

Cuando resulte necesario, la defensa deberá analizar posibles vulneraciones del derecho de defensa, la presunción de inocencia, la contradicción, la igualdad de armas y el derecho a un proceso equitativo, así como la  legalidad de las distintas diligencias de investigación y, en suma, la suficiencia de la prueba empleada para fundamentar la acusación.

Especial importancia presenta el control de la prueba indiciaria, frecuente en procedimientos por blanqueo de capitales y otros delitos económicos, en los que determinadas conclusiones acusatorias se obtienen a partir de elementos de naturaleza circunstancial o indirecta.

La defensa deberá comprobar que los hechos base (o indicios) se encuentren suficientemente acreditados y que la inferencia realizada a partir de ellos responda a criterios racionales y permite alcanzar, con las exigencias propias del proceso penal, la conclusión que pretende sostener la acusación.

BUFETE CAPEL asume la defensa durante las distintas fases del procedimiento penal, desde las diligencias de investigación y la fase intermedia hasta el juicio oral y los correspondientes recursos ante las Audiencias Provinciales y la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Cuando la protección de los derechos fundamentales lo requiere, la actuación profesional -también- puede extenderse al Tribunal Constitucional, mediante recurso de amparo, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación con los derechos y garantías reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

¿Está siendo investigado por un delito económico?

Si ha recibido una citación judicial, ha sido requerido para prestar declaración o tiene conocimiento de una investigación relacionada con su actividad empresarial,  profesional o patrimonial, es prioritario conocer las actuaciones y definir la estrategia de defensa antes de declarar o aportar documentación al procedimiento.

En los procedimientos por delito fiscal, blanqueo de capitales y otros delitos económicos, las primeras decisiones procesales, -sin duda-, condicionan de forma muy importante el desarrollo posterior de la causa.

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